El costo fiscal de las pensiones tiene, desde hace varios años, un compromiso que crece más rápido que casi cualquier otro rubro, el pago de pensiones. Para 2026, el gobierno federal destinará 2.3 billones de pesos a este concepto, y los Criterios Generales de Política Económica para 2027 ya proyectan que esa cifra subirá a 2.48 billones. Esto es una señal directa de que depender únicamente de una pensión gubernamental para el retiro es, cada año que pasa, una apuesta más riesgosa.
Un gasto que ya superó a la propia Pemex
El tamaño del gasto en pensiones se entiende mejor en comparación con otras prioridades del Estado mexicano. Para 2026, ese gasto equivale a 6.0% del PIB nacional y representa 22.7% del gasto neto total del gobierno federal, que se ubica en poco más de 10.19 billones de pesos. Puesto en perspectiva, el presupuesto destinado a pensiones y jubilaciones es casi tres veces mayor al que recibirá Petróleos Mexicanos, y también supera, por más de 554 mil millones de pesos, al presupuesto asignado a la Comisión Federal de Electricidad.
Dentro del gasto programable, el que financia directamente servicios como salud, educación o infraestructura, las pensiones y jubilaciones concentran alrededor de 24% del total, una proporción comparable a la que se destina, en conjunto, a educación y salud. El propio gasto pensionario ya es mayor al presupuesto asignado a la Secretaría de Salud como dependencia, lo cual ilustra con claridad qué tan grande se ha vuelto este compromiso dentro de las finanzas públicas del país.
2027: la presión sigue subiendo
Las proyecciones oficiales no muestran un respiro. De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, el gasto en pensiones pasará de 2.3 billones de pesos en 2026 a 2.48 billones en 2027, con lo que su peso dentro de la economía subirá de 6.0% a 6.3% del PIB. Se trata de un compromiso que crece de forma prácticamente automática, porque cada año hay más personas que cumplen los requisitos para pensionarse, y porque buena parte de ese gasto corresponde a derechos ya adquiridos que el gobierno no puede simplemente reducir.
Un presupuesto público es, en el fondo, un ejercicio de prioridades, y cuando un rubro crece de forma tan acelerada, otros inevitablemente quedan más apretados. México Cómo Vamos, organización especializada en el análisis del presupuesto, ha documentado que el creciente gasto en pensiones está desplazando recursos de áreas clave como salud, educación y seguridad pública, en un contexto donde el espacio fiscal disponible ya es, de por sí, limitado.
Salud y educación, por debajo de lo necesario
El gasto en salud para 2026 se ubica en cerca de 996 mil millones de pesos, equivalentes a 2.6% del PIB, muy por debajo del 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud como referencia mínima. El gasto educativo, por su parte, asciende a 1.2 billones de pesos. Ambos rubros combinados apenas se acercan al tamaño del gasto que se destina únicamente a pensiones, lo cual deja ver que el margen para fortalecer estos servicios, sin ajustar otras partidas, es cada vez más estrecho.
El dilema de justicia intergeneracional
Una parte relevante de este gasto corresponde a pensiones no contributivas, como la Pensión para Adultos Mayores, que concentra más de la mitad del presupuesto destinado a programas sociales prioritarios. Esto plantea lo que distintos analistas han llamado un dilema de justicia intergeneracional, los recursos que hoy sostienen el bienestar de la generación en edad de retiro provienen, en buena medida, de un presupuesto que también debería financiar la educación y la salud de las generaciones más jóvenes, y el balance entre ambas necesidades se vuelve cada vez más difícil de sostener.
Ninguno de estos datos significa que las pensiones públicas vayan a desaparecer, pero sí confirman que el sistema está bajo una presión creciente y que los recursos disponibles para sostenerlo, sin afectar otras prioridades, son limitados. Para cualquier persona que esté construyendo su plan de retiro, esto tiene una implicación directa, contar únicamente con la pensión que eventualmente otorgue el gobierno, o incluso con el ahorro obligatorio de la Afore, es apostar el nivel de vida futuro a un sistema que ya enfrenta tensiones fiscales documentadas. Un Plan Personal de Retiro (PPR), independiente de cualquier programa público, es la forma más directa de que el futuro financiero de cada persona no dependa por completo de decisiones presupuestales que, año con año, tienen cada vez menos margen de maniobra.